¿Por qué debe desaparecer el IFT?

 

Por Israel Quiñones

Podríamos decir que el debate legislativo ha comenzado con la primera gran apuesta del gobierno que encabezará la Doctora Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. No me refiero a la Reforma al Poder Judicial, que es una propuesta y batalla emprendida por el Presidente López Obrador; aunque la desaparición de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs) también puede incluirse en las iniciativas enviadas por AMLO en febrero de este año, es necesario reconocer que la virtual Presidenta Electa ha otorgado una importancia especial a esta iniciativa.

Los OCAs fueron una imposición del régimen anterior, específicamente del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, en el marco del mal llamado “Pacto por México”, con la intención de disminuir el control del Estado en sectores estratégicos como el energético, petrolero, telecomunicaciones y radiodifusión.

Aunque México ya había superado una etapa de privatizaciones durante el gobierno de Salinas de Gortari, Peña Nieto, con la ayuda de Luis Videgaray, se encargó de culminar el proceso de desmantelamiento del Estado de sus entidades paraestatales más significativas, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

La recolonización española a través de empresas como OHL, Repsol e Iberdrola fue un compromiso asumido por los responsables de transformar la Constitución en una declaración de principios y estatutos empresariales. Así, el artículo 28 de la Carta Magna se convirtió en la excusa para argumentar que la competencia, entendida desde una perspectiva neoliberal, sería la encargada de satisfacer las necesidades de la población.

El problema radica en que, sin salarios dignos y sin condiciones laborales favorables para los trabajadores, el flujo de dinero no sería suficiente para compensar los altos precios de insumos esenciales como combustibles o electricidad. En el ámbito de las telecomunicaciones ocurrió algo similar; la Reforma Constitucional en esta materia estaba diseñada para que las televisoras se convirtieran en operadores de este sector. Además, se ajustaron todas las condiciones del mercado para que una transnacional del tamaño de AT&T pudiera adueñarse por completo del mercado sin reparos y sin tener que competir en condiciones de igualdad con el operador que, posteriormente, sería señalado como “Preponderante”, un término económico que el excomisionado presidente del recién fundado Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sustituyó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, aceptó que no se había utilizado en ningún otro lugar del mundo.

Las cartas estaban echadas, y se tomaron decisiones extremas en materia de regulación como la Separción Funcional de Telmex, pues el flamante IFT contaba con las atribuciones constitucionales necesarias para someter a América Móvil. La idea era, básicamente, el uso de la infraestructura activa y pasiva de Telmex y Telcel de forma gratuita para los nuevos operadores entrantes y las televisoras, además de crear una Red Compartida mediante una licitación emitida por el mismo IFT.

El proceso de licitación para la Red Compartida, llevado a cabo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), buscaba expandir la cobertura de redes móviles en el país, especialmente en áreas rurales y marginadas, para mejorar la conectividad y fomentar la competencia en el sector. Altán Redes fue finalmente seleccionada para construir, operar y comercializar esta red mayorista que buscaba ofrecer acceso a una infraestructura de telecomunicaciones.

La realidad y el mercado fueron implacables ante el fracaso de Altán. Más tarde, la empresa fue rescatada por el gobierno federal para crear CFE Telecom e Internet para Todos.

Sigamos. La Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión también contemplaba la licitación de una Red Troncal, similar a la Red Compartida Móvil, pero para Internet y telefonía fija. Este proyecto jamás se realizó; la licitación se declaró desierta y se continuó utilizando la red de Telmex.

Una de las características de los dueños de América Móvil es su capacidad de adaptación y de aprovechar cualquier oportunidad, a pesar de las vicisitudes, y comenzaron a intentar cargar sus pérdidas a los trabajadores sindicalizados. Usando como excusa la política regulatoria, la administración de Telmex complicó la relación y las negociaciones con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). En julio de 2022, tras una larga negociación en el marco de la Revisión del Contrato Colectivo, el STRM estalló en huelga, la primera desde que CARSO tomó el control de Telmex en 1990.

Esto cambió el panorama, pues salió a la luz que los argumentos de la empresa para eliminar prestaciones como la jubilación de los trabajadores afiliados al STRM no eran precisamente los más honestos. Además, se confirmó que América Móvil es un consorcio con políticas antisindicales. ¿A qué empresario le gustan los sindicatos que velan por los intereses de los trabajadores?

Actualmente, las complicaciones se han aminorado; sin embargo, es cierto que Telmex sigue sin poder competir en el mercado de televisión de paga, debido a imposiciones regulatorias del IFT, por lo que este OCA se ha convertido en un inhibidor directo de la inversión y el despliegue de infraestructura. Esto es el mayor causante de que 40 millones de mexicanas y mexicanos continúen sin acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), realizada por el INEGI y el mismo IFT.

Es importante subrayar que el costo de mantener un regulador como el IFT es altísimo, ya que cuenta con un presupuesto superior a los 1,500 millones de pesos anuales. Esto ha sido señalado en diversas conferencias matutinas por el Presidente López Obrador, quien ha destacado que la iniciativa para desaparecer estos OCAs es en beneficio de la población, pues fueron diseñados para mantener una estructura afín al régimen anterior, es decir, además de ser onerosos, son contrarios a los objetivos del gobierno actual.

En definitiva, estamos ante una gran oportunidad. La oposición al gobierno intentará argumentar que, a falta de OCAs, el gobierno no contará con contrapesos y que los derechos fundamentales serán vulnerados. Sin embargo, el interés general, del cual emanan los derechos humanos de nueva generación, como el acceso a las TIC, ha sido violado desde que el IFT no ha sido capaz de asumir sus errores y mantener a millones de mexicanos excluidos de la conectividad, además de comportarse de manera similar a una entidad de la iniciativa privada.

El IFT, es decir, sus comisionados, nunca entendieron que erán autónomos del Gobierno, pero seguían siendo parte de la estructura del Estado Mexicano. Este OCA, jamás se comportó a la altura requerida por las circunstancias actuales y las necesidades sociales, siempre se mantuvo al servicio de los intereses de los oligarcas del sector, haciendo a un lado a la población y a los trabajadores.

Se debe profundizar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El Estado debe tener la rectoría de este sector estratégico para el desarrollo educativo, económico y social. Debe asumir su compromiso de conectar a la población de mano de los trabajadores, sin que entidades autónomas del interés general sean responsables de inhibir el desarrollo del país.

Es una realidad que los Organismos Autónomos deben desaparecer.