Se continua con una lucha que pareciera interminable por el acceso a la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa, además, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador pareciera estar enfrentando una batalla interna que se deriva por este doloroso asunto que es una herencia de la administración pasada y que a partir del fatídico 26 de septiembre de 2014 provocó la descomposición más profunda del gobierno de Peña Nieto.
La semana anterior trajo consigo una serie de polémicas que presumen venir de afuera del gobierno, pero al mismo tiempo, muestran todo lo contrario. Comenzando con la filtración y publicación del informe del caso Ayotzinapa por parte de la periodista Peniley Ramírez y la obstrucción a la justicia que esto puede provocar.
La publicación de una entrevista a modo al general Rodríguez Pérez, el entonces comandante del 27 Batallón de Iguala y acusado del asesinato de 6 normalistas de Ayotzinapa al interior del Campo Militar número 1, realizada por Jorge Fernández Meléndez y donde lo victimiza de forma alevosa y, por si fuera poco, la publicación de un hackeo realizado a archivos de la SEDENA, que según Carlos Loret de Mola es algo así como 6 Terabits de información.
Los datos echados al aire no tienen ningún valor para la audiencia sin un contexto, pero la publicación de información que estaba en manos del gobierno y de la Fiscalía tienen un valor para aquellos que están implicados en actos delincuenciales. Como ocurrió con la filtración que publicó Ramírez la semana pasada, pues este acto es de interés para quien le entregó la información y acerca a la impunidad a aquellos que se ven implicados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Además, con esto se viene la renuncia del Fiscal especial Omar Gómez Trejo, aspecto que según miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) genera un retroceso de más de 4 años en la investigación.
Por otro lado, pero no en otro caso, el martes anterior los abogados de los militares acusados por la desaparición de los normalistas, dieron una conferencia de prensa a las afueras del Campo Militar número 1. Los abogados Alejandro Robledo, ex subsecretario de seguridad pública y Cesar González del despacho Araujo, González, Peinbert, Robledo y Carrancá, manifestaron estar trabajando “probono” en coordinación con la defensoría pública militar, es decir, con la SEDENA directamente. Las declaraciones realizadas al exterior de este tristemente afamado campo militar, señalando que la acusación de los militares por la desaparición y asesinato de normalistas se basa solamente en un testigo protegido. Vale la pena decir que el cuerpo de abogados antes mencionado ha sido señalado de actos de corrupción por extorsionar al también abogado y actualmente preso Juan Collado.
En otro capítulo, el jueves nos enteramos de un hackeo realizado a los archivos de la SEDENA. Según el presentador de la plataforma Latinus Carlos Loret de Mola, 6 Tb de documentos llegaron a sus manos por medio del grupo de hackeractivistas autodenominado “Guacamayas”.
Este grupo se ha visto involucrado en ciberataques en Chile, donde se dio un gran escándalo que termino con la caída del principal General de Estado Mayor de aquella nación andina, además se jactan de haber realizado las mismas vulneraciones en países como Colombia y Guatemala.
La información publicada por Loret de Mola en su espacio de internet, documenta que el Presidente López Obrador padece de Gota y males cardiacos, antecedentes médicos de los que ya estábamos enterados, pero también revela nombres de militares que han participado en operaciones como la ocurrida en Culiacán, Sinaloa en el marco del intento de captura del hijo de Joaquín Guzmán, entre otras operaciones que no tenemos mayor idea, más que lo dicho por Loret el jueves anterior.
Lo relevante del hackeo a la SEDENA radica en dos cuestiones: ¿por qué Loret y Latinus de Roberto Madrazo tienen en su poder los documentos extraídos digitalmente de la SEDENA? Y ¿Por qué pudieron vulnerar la ciberseguridad de los servidores de la SEDENA?
Alberto Escorcia, periodista especialista en redes sociales y Deep web, explicó en el espacio de Ernesto Ledesma que, puede haber dos razones por las que se tuvo excito en el hackeo a archivos que pueden contener toda la correspondencia digital del sexenio anterior y lo que va de este y es que, realmente pudieron vulnerar la seguridad del sistema cibernético castrense o como generalmente se maneja la inteligencia militar, se enteraron con anterioridad del ataque y lo permitieron.
Lo que queda al descubierto con estos acontecimientos que hemos estado repasando en los párrafos anteriores, es que todo indica que al interior del gobierno hay una pugna muy fuerte. En medio de un acalorado debate por la mayor participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y la implementación de un marco jurídico especialmente estructurado para ello, también tenemos la búsqueda de la impunidad para aquellos militares implicados en la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Es evidente que se han comenzado a confabular fuerzas que pretenden un descarrilamiento de la 4T. Los intereses de los regímenes anteriores y lo más corrupto del estado profundo parecen estar alineándose a favor de la impunidad de aquellos implicados en un caso tan doloroso como lo es Ayotzinapa. Recordemos que en días anteriores el Presidente López Obrador aceptaba que las presiones vienen de todos lados, esto en el marco de su conferencia matutina, aunque al mismo tiempo reiteraba su apoyo al subsecretario Alejandro Encinas, mismo que en sus manos ha mantenido las investigaciones del caso Ayotzinapa y ha logrado desacreditar la llamada “verdad histórica” que se trató de imponer en la administración pasada.
¿Qué es lo que realmente está ocurriendo entre el poder militar y el poder civil? Con certeza no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que todo gira alrededor de Ayotzinapa y la corrupción que lo ha cubierto y que en política no hay casualidades.
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