Este sábado 24 de septiembre, la periodista Peniley Ramírez publicó en el diario Reforma una columna en la que afirmaba tener en su poder el informe sobre el caso Ayotzinapa, mismo que fue presentado el pasado 18 de agosto por el subsecretario en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Además, en su cuenta de Twitter la periodista dio a conocer capturas de pantalla de los mensajes de texto que presuntamente estuvieron realizando miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, miembros del ejército, policías municipales y federales, así como familiares de los presuntos implicados.
Ante estos hechos, el subsecretario Encinas hizo un enérgico reclamo a la Fiscalía General de República (FGR) la cual encabeza Alejandro Gertz, por medio de su cuenta de Twitter en la que exigió una investigación a fondo para saber el origen de la filtración del informe que le fue entregado a la Fiscalía por parte de la Comisión para la búsqueda de la justicia y acceso a la verdad de Ayotzinapa.
A partir de la filtración de este informe que ya era público, pero con testeo en los mensajes antes mencionados y en otras partes que parecen contener información delicada de una investigación en curso, la polémica ha ido en aumento, al grado en que la columnista del diario Reforma ha tenido que defender su acción periodística con argumentos como la libre expresión o la libertad de prensa, al grado de compararse ella misma con Assange, de modo que en un mensaje en la red social citaba un tuit de Alejandro Encinas y mencionaba: “El mismo gobierno que defiende a Julian Assange”.
En este punto es necesario que analicemos a profundidad la responsabilidad del oficio periodístico, y es que, ciertamente la libertad de expresión es un derecho consagrado en nuestra Constitución, también se trata de un derecho por el que se ha luchado intensamente por muchos años, de tal manera que cientos de activistas, periodistas o luchadores sociales han perdido la vida en defensa de este derecho; sin embargo, en este caso se pone en riesgo flagrante una investigación de un caso emblemático y doloroso, que indudablemente ha marcado la historia moderna de nuestro país, cosa que a la periodista no le importo.
Una cosa es publicar informes que delaten hechos o actividades que no han sido investigadas aún, tal fue el caso de la publicación que en su momento realiza el equipo de Carmen Aristegui titulada, “La casa Blanca de Enrique Peña Nieto” o la manera en que Wikileaks, del periodista Julian Assange publicaba cables del gobierno estadounidense que amenazaban la estabilidad o seguridad de distintos países, todo esto a modo de denunciar el espionaje que los Estados Unidos realiza en el mundo, pero en el caso de la publicación de Ramírez, se trata de poner en riesgo una investigación vigente, sin el menor sentido de la ética periodística o la empatía por los familiares de los normalistas desaparecidos o de plano, respeto por los mismos jóvenes víctimas de desaparición forzada por el estado mexicano hace ya 8 años.
Cada medio y periodista es responsable de la línea editorial de sus publicaciones, independientemente de la plataforma en la cual se realice la distribución de sus contenidos. Cada cual pude decidir tener una ideología de derecha o izquierda, cada medio puede investigar o denunciar hechos que a los ojos del público pueden tener relevancia o interés informativo, pero lo que no vale es mentir y usar al periodismo como un arma política o en su defecto, no ser honestos al no revelar si su pluma o micrófono están al servicio de alguien en particular y no me refiero a al tema laboral, sino al asunto referente a recibir “dádivas” por la publicación realizada.
La filtración que publicó este sábado la periodista Peniley Ramírez en el diario Reforma y en su cuenta de Twitter no sólo revictimiza a las madres y padres de los normalistas desaparecidos, sino también a los mismos estudiantes desaparecidos. Además, violenta el debido proceso de una investigación en curso, de manera que es una trampa para acercarse a la impunidad, cuando menos así parece que la misma periodista lo afirma en el penúltimo párrafo de su columna.
Ojalá, la FGR tenga la dignidad de mostrar eficiencia en la investigación solicitada por Encinas y se pueda dar con el o los responsables de la filtración, además de que la investigación de este delicado y doloroso caso, no se vea afectada o resulte que los responsables se vean extrañamente cubiertos por el sucio manto de la impunidad. Mal por Peniley, mal por la Fiscalía de Gertz.
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