"La salida de un fiscal que conoce un caso atrasa entre tres y cinco años la investigación", dijo en conferencia de prensa conjunta Ángela María Buitrago, una de las cuatro integrantes del GIEI que coadyuva con la investigación por acuerdo del Gobierno de México con la CIDH.
La experta también cuestionó el proceso contra quien fue procurador general en el Gobierno anterior, Jesús Murillo Karam, quien fue detenido el 19 de agosto pasado, acusado de manipular y alterar evidencias, para construir la llamada "Verdad Histórica", que ha sido desacreditada por el reciente informe de una nueva comisión investigadora.
"La pérdida de este conocimiento de los fiscales hace que se dejen por fuera elementos probatorios muy fuertes, como en la imputación de Murillo Karam", dijo Buitrago a periodistas.
El funcionario del Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) ya logró un amparo judicial pero aún no ha sido liberado porque el dictamen puede ser impugnado por la Fiscalía General.
La renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa fue confirmada el martes, cuando denunció "indebidas injerencias en la investigación", después de que la Fiscalía General canceló 21 órdenes de aprehensión recién solicitadas, 16 de ellas contra militares.
INTROMISIONES Y ROL DE MILITARES
Los cuatro integrantes del GIEI (Claudia Paz y Paz, guatemalteca; Francisco Cox, chileno; Carlos Beristain, español; y Buitrago, colombiana) señalaron la "interferencias y obstáculos" de la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero, que podrían retrasar el esclarecimiento y la justicia en el complejo caso.
Murillo Karam está acusado por "múltiples evidencias aportadas sobre su responsabilidad en la fabricación de la llamada 'verdad histórica' y participación de la tortura contra detenidos" en busca de confesiones falsas, dijo la jurista colombiana.
Con esas intromisiones de la Fiscalía General "se corre el riesgo de que no se dicte una condena" y se permita la impunidad, enfatizó.
Buitrago señaló la impresión de los expertos de que "a la Fiscalía le interesa más la fotografía de la detención (de Murillo Karam) que los resultados del proceso".
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al GIEI que se quedaran en el país latinoamericano hasta el fin de su mandato, en 2024, los especialistas independientes anunciaron que sus trabajo culminará en aproximadamente un mes más; después de analizar nuevas evidencias que apuntan a la participación del Ejército en el llamado "crimen de Estado".
El conocimiento del caso de parte del fiscal especial renunciante, Gómez Trejo, se remonta a su trabajo como secretario técnico de GIEI, en su fase anterior, y en la oficina permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
El siguiente paso del grupo de especialistas será realizar peritajes en las transcripciones de comunicaciones registradas desde la noche del 26 de septiembre 2014 en Iguala, Guerrero (sur), que recién entregaron a los expertos las Fuerzas Armadas, después de casi ocho años de negar su existencia.
Esas comunicaciones y mensajes de texto telefónicos registran la complicidad con el narcotráfico de corporaciones de seguridad, incluidos militares, policías, funcionarios del estado de Guerrero, de Iguala y municipios aledaños.
Estas comunicaciones interceptadas "demuestran el funcionamiento de la macro criminalidad con autoridades civiles y castrenses", dijo la jurista Paz y Paz, quien fue fiscal general de Guatemala.
Entre los involucrados están militares del Batallón de Infantería de Iguala, donde cinco autobuses repletos de estudiantes fueron agredidos a balazos, 43 de ellos secuestrados y presuntamente asesinados de manera brutal, y sus cuerpos desmembrados, disueltos en ácido, y lanzados a un río, en distintos grupos y escenarios que incluirían un cuartel militar, según las recientes revelaciones.
El presunto móvil del crimen fue que estaba cargado con heroína o dinero con destino a EEUU uno de los autobuses "ocupados" por los alumnos para viajar a la Ciudad de México a una manifestación que conmemora cada año la masacre de estudiantes universitarios en 1968, perpetrada por militares en la Plaza Tlatelolco.
Las 16 órdenes de detención canceladas sin explicación eran en contra de militares, a quienes se les acusaba de haber participado en una compleja trama con policías y criminales que atacaron a balazos, secuestraron, asesinaron y desaparecieron los cuerpos de los jóvenes. (Sputnik)
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