La dimisión confirmada el martes, a causa de "contradicciones" del fiscal con la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz, "ponen en riesgo los avances logrados y amenazan con retrasar aún más el acceso de las familias de los estudiantes a la verdad, a la memoria y a la justicia", dijo la organización con sede en Londres.
El fiscal Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, renunció el martes cuando denunció "indebidas injerencias en la investigación", después de que la Fiscalía General se desistió de 21 órdenes de aprehensión recién solicitadas, 16 de ellas contra militares.
"Los problemas surgidos dejan en total incertidumbre a las familias de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general", justo cuando se cumplen ocho años de los trágicos ataques contra los estudiantes", dijo en un pronunciamiento escrito la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
MILITARES BAJO ESCRUTINIO
Por su parte, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, enfatiza que las acusaciones en contra de elementos del Ejército refuerzan además las "preocupaciones en torno a la política de militarización de la seguridad del país".
En los últimos cuatro años, el Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos encaminados a esclarecer lo que ocurrió a los 43 jóvenes normalistas.
Amnistía señala las revelaciones hechas a finales de septiembre de 2022 por la agencia antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), sobre la comunicación que mantenían integrantes de un grupo criminal con elementos del Ejército, la Marina y policías locales de los municipios de Iguala y Cocula, antes de que sucediera la desaparición de los jóvenes normalistas.
"Estos vínculos, además de otros hechos en los que se ha visto involucrado el Ejército mexicano acrecienta el cuestionamiento sobre la idoneidad de que las fuerzas armadas sigan al frente de tareas de seguridad pública" en el país latinoamericano, puntualiza Olivares Ferreto.
De acuerdo con datos oficiales citados por la organización, de 2019 a 2022 se reportaron 58 quejas por desaparición forzada, de las cuales el 55 por ciento son en contra de fuerzas militares.
Los datos oficiales evidencian la estrecha relación entre el aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y el incremento de las desapariciones forzadas en el país, puntualiza AI.
Un 97 por ciento de las 105.000 personas desaparecidas en México se han registrado en los últimos 16 años. (Sputnik)
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